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DIPUTADO DERLIS MAIDANA
Ministerio de Justicia interesado en modificación de Ley de Quiebras
Publicado: 09/11/19 01:17:p. m.

El diputado Derlis Maidana (ANR-Misiones), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, acompañado del viceministro de Justicia, Pascual Barrios y de consultores del Banco Mundial, se reunieron con el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana (ANR-Ñeembucú), de modo abogar por el acompañamiento de un proyecto de modificación de la Ley de Quiebras.

Pascual Barrios, agradeció el pleno apoyo a esta iniciativa por parte de los diputados y adelantó que es de vital importancia adecuar la iniciativa a los nuevos tiempos, teniendo en cuenta que la Ley de Quiebras, que rige actualmente, data del año 1969.

“Son 50 años de vigencia de una ley que, evidentemente, necesita ser adecuada a los tiempos modernos; para aquella época estaba acorde a las circunstancias, pero debemos tener en cuenta que los tiempos cambiaron y hoy tratamos de consensuar las innovaciones que buscamos introducir en esta iniciativa”, explicó el viceministro Barrios.

Así mismo explicó que, hoy en día, existen solamente 6 síndicos para atender toda la demanda a nivel nacional. Con estas modificaciones se prevé que sean establecidos, unos 60 síndicos para toda la República, además de buscar una autonomía presupuestaria, entre otros puntos.

“Con las modificaciones, pretendemos que al menos sean 60 los síndicos para todo el país y que no dependan exclusivamente de la Corte Suprema de Justicia en el tema presupuestario; también se establecen otras salidas como un acuerdo extrajudicial y que la quiebra sea el último recurso para a la solución del problema”, explicó el representante de la cartera de Justicia.

Recordemos que constituye función principal de un síndico de quiebras administrar y liquidar los bienes de las personas físicas o jurídicas que sean declaradas en quiebra, distribuir y pagar sus deudas y desempeñar las funciones que le encomienda la ley y en la convocatoria de acreedores verificar y controlar los bienes y las actividades realizadas por el deudor.

La figura sindical se estructura, en este proyecto, como un ente autónomo, con presupuesto independiente, pero que se relacionará con la Corte Suprema de Justicia a través de un representante. Estará sujeta a la fiscalización de la Contraloría General de la República, exclusivamente, en lo concerniente al examen de las cuentas de ingresos y gastos.


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